El motivo detrás de los procesos migratorios hacia y dentro de México ha cambiado en los últimos años, reflejo de la volatilidad de las condiciones sociopolíticas regionales. Desde la mirada de instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la violencia —en sus distintas formas— se mantiene como la principal causa que impulsa estos desplazamientos.

En países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, esa violencia se entrelaza con represión política y crisis económicas estructurales: censura, ausencia de libertades básicas, falta de oportunidades laborales y salarios incapaces de cubrir necesidades esenciales.

Elena salió de Cuba el 4 de julio de 2023 en un vuelo directo hacia Managua, Nicaragua. Desde allí recorrió, por tierra, Honduras y Guatemala hasta llegar a Tapachula, Chiapas, el día 7. Fueron tres días bajo lluvias constantes. «Nos mojamos todos», recuerda.

Al preguntarle por qué decidió irse, menciona la precariedad económica y su desacuerdo con el Gobierno cubano. Era una idea que llevaba tiempo en su cabeza, pero no quería marcharse sin sus hijos. El detonante final fue el asesinato de su hermana: el agresor, un hombre con antecedentes penales, quedó en libertad poco después. «Eso me hizo decir “no aguanto más”».

Para emprender el viaje, contactó meses antes —a través de Facebook— a una persona que le organizó la ruta. Nunca lo conoció en persona, pero en cada país fue recibida por «coordinadores locales» que le garantizaron comida y hospedaje. «Nos trataron bien», dice, aunque viajaba con el miedo de tantas historias de muerte y abandono en el camino. El trayecto completo costó poco más de 2 600 USD, cubierto con ahorros y la venta de bienes.

Su recorrido se describe en el informe «La migración de cubanos, venezolanos y salvadoreños hacia México (2019-2024)»: mientras algunos cubanos realizan el viaje en vuelos comerciales o humanitarios gestionados a través de programas académicos o vínculos familiares, otros, como Elena, atraviesan Centroamérica por tierra. Estas travesías suelen estar marcadas por detenciones, caminatas nocturnas, estafas de coyotes o extorsiones policiales. El costo también varía: de 350 a 1 000 USD por vía aérea, y más de 4 000 cuando intervienen coyotes. En la mayoría de los casos, los recursos provienen de ventas, ahorros o remesas familiares.

Al llegar a Tapachula, Elena se instaló en una renta que ya tenía acordada. En la madrugada del lunes siguiente se presentó en las oficinas locales de la Comar. La alta demanda la obligó a pagar 250 MXN (pesos mexicanos) por un turno. Solicitó refugio, le tomaron huellas digitales y recibió autorización para permanecer en el territorio hasta el resultado final. «El 23 de noviembre de 2023 mi resolución fue positiva: refugiada y residencia permanente».

Durante el proceso recibió apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur): asesoría legal, atención médica, artículos de aseo, ayuda económica y el boleto de autobús hacia Monterrey, donde también obtuvo un subsidio decreciente durante cuatro meses. «Todo el trámite fue gratuito».

Esta, sin embargo, no es la experiencia general. De acuerdo con el estudio, la gran mayoría de los cubanos no reciben asistencia económica ni social al llegar a México, ya sea por desconocimiento, exclusión de programas existentes o porque no la solicitaron.

Donde sí hay consenso es en que, con el aumento de los flujos migratorios, los procedimientos de asilo se han vuelto más lentos y complejos. Aun con resoluciones favorables, las personas enfrentan demoras en la entrega de documentos, y la saturación de instituciones como Comar es evidente. Además, se restringió la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que antes permitía trabajar mientras se resolvía la solicitud de refugio. Hoy los mecanismos son escasos, costosos y poco adaptados a la realidad del desplazamiento.

En ese vacío, las organizaciones de la sociedad civil han asumido un rol clave. Varias ofrecen asesoría legal gratuita, atención psicojurídica y programas de integración que incluyen vivienda, salud y empleo. Entre ellas se encuentran Libre Mariposa, Casa del Migrante, Espacio Migrante, Asylum Access, Casa Arcoiris —especializada en población LGBT+—, Jardín de las Mariposas y Refugiados Unidos. También está la Mesa de Enlace para Refugiados (Merlo), que difunde información confiable para evitar engaños de traficantes o rumores en redes sociales. Todo el proceso, entre trámites, transporte, servicios legales y periodos sin empleo puede costar hasta 22 000 MXN (unos 1 160 USD).

Desde su llegada en 2023, Elena ha vivido en Tapachula y Monterrey. Ha trabajado como recepcionista en hoteles y empresas, y actualmente cumple 48 horas semanales de lunes a jueves, con un salario de 2 400 pesos mexicanos a la semana — alrededor de 9 000 MXN al mes—. Vive sola en un departamento por el que paga 3 000 de renta.

«El barrio es tranquilo, pero algo apartado; planeo mudarme al centro de Monterrey».

El acceso a la vivienda es uno de los mayores desafíos para quienes llegan. La discriminación por parte de arrendadores, la falta de documentos o avales y la especulación de precios obligan a muchas familias a compartir espacios, vivir en cuarterías o instalarse en casas abandonadas sin servicios básicos. Esta situación se agrava por la falta de regulación en el mercado de alquiler y de políticas públicas de vivienda social para migrantes.

Tampoco el trabajo formal resulta sencillo. Los retrasos en los trámites y la disminución de permisos humanitarios empujan a la mayoría al empleo informal, mal pagado y sin derechos. Sectores como la venta ambulante, la carga y descarga en mercados, talleres, restaurantes, maquilas o limpieza urbana concentran buena parte de estas «oportunidades» precarias. En contraste, la población cubana suele mostrar una inserción ligeramente mayor en empleos registrados, especialmente quienes logran residencia temporal o permanente.

A poco más de dos años de su llegada, Elena dice haberse sentido acogida por la comunidad mexicana y la diáspora cubana, aunque en Tapachula enfrentó prejuicios: clientes que la rechazaron por ser migrante y afrodescendiente. En México, ha construido una vida propia desde cero, aunque sin familia y con la mayoría de sus amigos —solicitantes del CBP One— ya fuera del país.

Su experiencia se parece a la de otros cubanos que en sus primeras semanas suelen apoyarse en compatriotas, aunque todavía falta que existan asociaciones más visibles y activas que fortalezcan estos vínculos.

Hoy valora la política migratoria mexicana porque le permitió regularizar su situación y «no vivir escondida». Aun así, insiste en que falta información y acompañamiento para acceder a vivienda y empleo: «Combatir que en empresas y rentas se rechace a migrantes por ser migrantes».

Si bien México ofrece mayor flexibilidad que otros países de la región, existe consenso en que su Ley de Migración, vigente desde 2011, está desfasada frente a las dinámicas actuales. El problema no radica únicamente en la norma, sino en su implementación: saturación institucional, ausencia de políticas públicas coherentes y limitadas vías de regularización. El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ampliado la protección de derechos al declarar inconstitucionales prácticas como la detención prolongada o los retenes fuera de puntos internacionales. Sin embargo, el Poder Legislativo es señalado por su inacción frente a la necesidad de reformas y supervisión efectiva de las autoridades migratorias.

En 2022, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 14 757 solicitudes de venezolanos, un incremento drástico en relación con años anteriores. Para 2024, Venezuela se ubicó en la quinta posición en volumen de migrantes internacionales en México.

Cuba, por su parte, alcanzó cifras históricas entre 2022 y 2023, con 41 771 y 26 832 solicitantes ante el Instituto Nacional de Migración (INM), respectivamente. Este aumento se relaciona con la exención de visado para ciudadanos cubanos por parte del Gobierno de Nicaragua (noviembre de 2021), lo que facilitó su ingreso a la región. En 2023, las solicitudes superaron las 18 400, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

A la par, entre 2014 y 2023, el INM registró cerca de 22 000 presentaciones de personas procedentes de El Salvador, mientras que Comar reportó un promedio de 6 500 solicitudes de refugio entre 2019 y 2023.

El paso o permanencia de migrantes salvadoreños en México es relevante desde la década de 1980, debido a la confrontación armada dentro del país centroamericano que desplazó a miles de nacionales. Desde 2019, sin embargo, un nuevo contexto político y social ha impulsado flujos adicionales. El presidente Nayib Bukele implementó el Plan Control Territorial con el objetivo de reducir los niveles de violencia, estrategia que se materializó en un régimen de excepción que ha restringido derechos constitucionales como la libertad de asociación y reunión, así como la privacidad en las comunicaciones, mediante reformas a la Ley de Telecomunicaciones.

A pesar de las diferencias entre las tres nacionalidades y contextos de origen, las expectativas de los migrantes al llegar a México coinciden en varios puntos. La mayoría buscaba estabilidad económica, acceso a la educación y una vida más digna y segura.

Viviana decidió irse de Venezuela tras jubilarse de la administración pública. Con más de 60 años, ninguna de sus hijas se encontraba en el país —habían emigrado hacía tiempo a México y Europa— y quería pasar más tiempo con ellas.

No fue directamente un motivo político, aunque «en Venezuela casi todo tiene connotación política», aclara. Lo describe más como un «cierre de ciclos». Además, su jubilación —una pensión precaria de no más de 3 USD— no le alcanzaba para vivir. Dependía de «apoyo del exterior», de pequeños emprendimientos y de la venta de sus pertenencias.

En el caso venezolano, el informe «La migración de cubanos, venezolanos y salvadoreños hacia México (2019-2024)» señala que, aunque no todas las personas migrantes son víctimas de persecución directa, la convergencia entre crisis política y económica es un factor clave. La violencia estructural, la presión a empleados públicos y la percepción de riesgo constante marcan muchas decisiones.

Viviana coincide con esa descripción: su salida no respondió a un episodio puntual, sino a un cúmulo de desgastes que hicieron la vida diaria insostenible.

A través de una carta de motivos —su hija necesitaba apoyo—, pudo tramitar una visa en la Embajada de México en Caracas. Voló a Cancún y luego a Tijuana. En Cancún le revisaron la visa, el pasaporte y las maletas de forma exhaustiva; le retiraron algunos alimentos. El vuelo fue retrasado y sin cortesías. El viaje, entre los boletos de avión y la visa, le costó alrededor de 1 250 USD. Para cubrirlo tuvo que vender vajilla, alfombras y muebles.

Los migrantes venezolanos tienden a entrar al territorio mexicano a través de visas de turista, trabajo o estudios, sin necesidad de cruzar rutas terrestres complejas o riesgosas. Sin embargo, esto no elimina la ansiedad ante trámites migratorios, temor a ser retornados, interrogatorios o trato intimidante en aeropuertos. Los traslados aéreos suelen oscilar entre 6 000 MXN (325 USD) y 50 000 MXN (2 712 USD), dependiendo de las escalas o los países de tránsito, con familiares o amistades como principales fuentes de financiamiento.

Viviana es hoy residente permanente. Fue un trámite «costoso» —casi 600 USD— pero, según sus palabras, «necesario» para no tener que entrar y salir del país cada cinco meses. En algún momento solicitó asistencia social en Tijuana, pero no se la otorgaron. A diferencia de otros grupos migratorios, esta carencia es común entre venezolanos.

De los 15 migrantes venezolanos entrevistados en el estudio, la mayoría no recibió ayuda material ni económica del Estado mexicano, y muchos desconocían los mecanismos disponibles. En el caso de los adultos mayores, la falta de apoyo fue especialmente señalada, pues no existen programas diferenciados para su inserción.

El acceso a la residencia permanente en México, para venezolanos, puede llegar a rondar los tres años. La mayoría suele asesorarse con organizaciones internacionales —como Comar o Acnur— además de redes comunitarias y familiares. Los trámites son costosos y el acceso a programas de asistencia social es aún más limitado. Lo que más se evidencia es la falta de información sobre derechos sociales y apoyos institucionales, sobre todo para personas mayores.

Viviana vive con su hija en un fraccionamiento —un terreno grande dividido en lotes más pequeños―. La casa es amplia, aunque sin transporte público cercano y con calles en mal estado. Para sostenerse, ofrece consultas psicológicas en línea por su cuenta.

El panorama laboral de los venezolanos en México es relativamente más estructurado que el de otros grupos migrantes, esto es debido a que muchos cuentan con estudios universitarios o posgrados. Aun así persisten barreras, sobre todo en los primeros años. La mayoría trabaja en sectores como recursos humanos, marketing, medicina, telemedicina, educación, servicios y administración. Los salarios van desde 1 000 MXN (54 USD) mensuales en cafeterías, con propinas, hasta 30 000 (1 627 USD) brutos, como docentes universitarios. Muchos complementan ingresos con comisiones, consultorías o clases por hora. Otros no trabajan debido a restricciones migratorias, becas académicas incompatibles o porque priorizan los estudios.

A Viviana, México le parece un país maravilloso, aunque a veces le resulta inevitable compararlo con su lugar de origen. Si bien no ha sufrido xenofobia directa, habla de «tratos diferentes» en el ámbito laboral y de estereotipos que circulan sobre los migrantes como personas con menos recursos. Estigmas, cree ella, alimentados por noticias y hechos que han sucedido en otros países.

Aunque el estudio revela que las percepciones sobre los mexicanos fueron mayoritariamente positivas: hospitalidad, apertura cultural y sensibilidad hacia la niñez migrante, algunas personas señalaron experiencias de discriminación estructural vinculadas a la apariencia, el acento y el pasaporte, con un trato desigual hacia personas afrodescendientes.

Viviana también es crítica de la política migratoria mexicana:

«Si México acepta la entrada, debería dignificar la estancia: espacios para dormir, alimentos y orientación. También apoyo a la tercera edad inmigrante con residencia: opciones de empleo parcial, acceso a medicinas y programas específicos».

Ese señalamiento coincide con una crítica generalizada: México promueve una imagen de apertura, pero en la práctica mantiene un sistema de contención, con leyes que no facilitan la regularización ni garantizan derechos sociales.

En los últimos años, la violencia e inseguridad fomentadas por el crimen organizado en El Salvador, y el posterior régimen de excepción, se han convertido en detonantes de salida para miles de personas. Hernán, actualmente radicado en México, es uno de ellos.

En su país de origen tenía un buen trabajo, estaba «estable». Pero era extorsionado constantemente por las pandillas. El 20 de marzo de 2024, junto con un amigo, tomó un autobús de la compañía Cóndor hasta la frontera con Guatemala y de ahí siguió hacia México. La travesía le costó 500 USD, cubiertos con sus ahorros.

Fue una decisión «de un día para otro», recuerda. Era su primera vez en México, sin familia ni amigos, solo con la referencia de una cuñada que había vivido una experiencia similar.

A través de un programa de Acnur llegó a Saltillo, Coahuila, y luego viajó por su cuenta a Tijuana. Finalmente, se estableció en Tapachula, donde consiguió alojamiento, trabajo y pudo tramitar su residencia permanente a través de Comar.

«Gracias a Dios, me salió bien. Con eso ya me puedo mover libremente en el país», cuenta.

Como él, otros salvadoreños también han solicitado refugio o regularización en territorio mexicano. Sin embargo, enfrentan trayectorias institucionales complejas y prolongadas, con experiencias que oscilan entre la esperanza de integración y la frustración ante sistemas lentos y poco claros. Algunos obtuvieron residencia permanente por vínculo familiar o por protección complementaria; otros recibieron visas humanitarias temporales.

Hernán logró resolver su situación migratoria relativamente rápido, pero no todos corrieron con la misma suerte.

Los entrevistados describieron dificultades constantes: trámites rechazados, oficinas migratorias saturadas, tiempos de espera excesivos y falta de claridad en cuanto a los procedimientos. Algunos pagaron asesorías legales tras recibir respuestas negativas de los trámites de refugio o sufrieron estafas durante las gestiones. La pandemia agravó aún más este escenario.

Hoy Hernán comparte alojamiento con otras personas en Tapachula. Reconoce que México fue diferente a lo que esperaba, pero logró encontrar comunidad, sobre todo en Tijuana.

Las experiencias habitacionales de salvadoreños suelen estar vinculadas al empleo o al acompañamiento institucional. Algunos residen en albergues mientras esperan resolver su situación migratoria; otros rentan cuartos o acceden a espacios proporcionados por empleadores. En Tijuana, varias personas viven cerca de sus trabajos, lo que les permite ahorrar en transporte. También se registran casos de viviendas compartidas con familiares o amigos, a veces gracias al respaldo de Acnur.

Hernán trabaja en un restaurante, donde desempeña varias tareas. Antes tuvo otros empleos, casi todos vinculados a la gastronomía y la hostelería. Trabaja mucho pero nunca falta.

«En cuanto pueda» piensa revalidar sus estudios.

Esta experiencia se repite en otros migrantes salvadoreños: la mayoría tiene empleo, aunque en condiciones diversas. Algunos trabajan en la construcción, la cocina o la herrería, con sueldos semanales de entre 2 000 y 4 000 MXN (106-212 USD aproximadamente). Otros han emprendido negocios propios, como una tienda familiar o una pupusería.

«Para mí fue positivo salir de El Salvador, cumplí mi objetivo», afirma Hernán.

Dice que recomendaría a cualquiera en su situación hacer lo mismo. Califica de positivo el trato hacia los migrantes en México y no se arrepiente de haber migrado.

En general, las personas salvadoreñas valoraron positivamente la acogida. Algunos entrevistados se sintieron apoyados por la comunidad local, otros reportaron actitudes discriminatorias asociadas a prejuicios sobre las pandillas. Hubo casos de rechazo laboral o desconfianza por parte de empleadores y autoridades. Además, en redes sociales, los migrantes —especialmente quienes viajan en caravanas— suelen ser representados de manera negativa, reforzando estigmas.

A pesar de estas dificultades, tanto Hernán como otros entrevistados coincidieron en que migrar a México les permitió alcanzar mayor estabilidad, aunque el camino estuvo marcado por altos costos, trámites engorrosos, información contradictoria y una integración desigual.

De acuerdo con el estudio La migración de cubanos, venezolanos y salvadoreños hacia México (2019-2024), la mayoría de los migrantes centroamericanos y del Caribe ingresan al territorio mexicano sin documentos que acrediten su estancia legal, debido a las dificultades institucionales para obtener un permiso. Esto refleja las particularidades de la política migratoria mexicana y así es percibida por personas procedentes de Cuba, Venezuela y El Salvador.

La política migratoria en México, como lo evidencian los testimonios de Marta, Viviana y Hernán, ha sido objeto de múltiples críticas: improvisación, falta de un diagnóstico claro y de coordinación entre los distintos niveles del Gobierno. Las leyes vigentes aún no están diseñadas para gestionar un tránsito regular y, en su lugar, se recurre a un despliegue militar que ha generado preocupación en organismos de derechos humanos.

La estrategia predominante sigue centrada en la criminalización, segregación, detención y deportación de personas en situación irregular, mientras persiste un vacío informativo sobre el derecho a solicitar refugio.

Comar no tiene presencia en todos los puntos de ingreso formal, lo que hace que la información sobre asilo sea escasa o manipulada con facilidad. En muchos casos, los migrantes son disuadidos de solicitar protección internacional mediante el uso del miedo o la oferta de retornos voluntarios. La respuesta varía según la región: algunas entidades muestran sensibilidad, pero otras combinan la agenda migratoria con temas de seguridad o pobreza.

En 2010, organizaciones de la sociedad civil impulsaron un debate nacional que derivó en la Ley de Migración y su reglamento. Como resultado, se creó el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, que fijó objetivos clave: integrar la movilidad en estrategias de desarrollo regional, garantizar los derechos humanos de los migrantes, favorecer la integración y reintegración familiar, y fortalecer el acceso a la justicia. Sin embargo, el PEM presentó dos grandes limitaciones: careció de una visión económica integral que atendiera las causas estructurales de la migración y, además, tuvo un carácter no vinculante y sin respaldo presupuestario suficiente. En 2015, apenas se destinaron 50 millones de pesos al programa, lo que representó el 0.19 % de las remesas familiares recibidas ese año.

A inicios de 2019, el Gobierno mexicano implementó la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, con la que buscó regularizar la estancia de más de 13 000 personas que llegaron masivamente al país.

El documento, con vigencia de un año y posibilidad de renovación, facilitaba el libre traslado de migrantes, el acceso a medios de transporte más seguros y la posibilidad de incorporarse al mercado laboral.

Pero la medida duró poco. Ante la presión del Gobierno de Estados Unidos, seis meses después el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador suspendió la expedición de estas visas, restringió el paso de nuevas caravanas en la frontera sur y desplegó a la Guardia Nacional junto con agentes de migración y policías federales en los principales puntos de tránsito.

Las consecuencias se sintieron pronto. La crisis migratoria de 2019 provocó tensiones políticas y sociales en varias regiones del país, sobre todo en el sur y en ciudades fronterizas del norte. El aumento de personas en espera de respuesta a sus solicitudes de refugio en Estados Unidos generó fricciones con comunidades locales, donde se percibió que el Gobierno priorizaba la gestión migratoria por encima de otras necesidades internas.

La criminalización de los migrantes en el discurso mediático profundizó esa percepción, instalando la idea de que la movilidad era un problema de seguridad pública más que un fenómeno social y humanitario. De ese cruce nació incluso un nuevo concepto: crimigración.

Los medios de comunicación desempeñaron un papel clave en reforzar estereotipos negativos, al asociar la migración con crisis humanitaria, amenaza económica o inseguridad nacional. Las redes sociales, por su parte, amplificaron discursos de odio y desinformación.

Aunque existen intentos por disputar esa narrativa —con coberturas que resaltan las contribuciones de los migrantes y su rol en la vida económica y cultural del país—, siguen siendo voces minoritarias en un ecosistema mediático que, hasta hoy, reproduce más temores que soluciones.

El desafío pendiente del Estado mexicano no es solo normativo, sino también político y social: asumir que la movilidad humana no constituye una crisis a contener, sino una realidad estructural que ya forma parte del presente y del futuro del país.