* Los nombres de las personas migrantes así como algunos detalles de sus historias se modificaron para proteger su identidad.
En Colombia, millones de migrantes venezolanos y cubanos intentan construir una vida entre la precariedad y la esperanza. Detrás de los permisos y las cifras oficiales, persisten los obstáculos para acceder a trabajo, vivienda y servicios básicos. Sus historias muestran cómo la regularización ofrece alivio, pero no garantiza una integración plena ni un sentido real de pertenencia.
El olor a carbón encendido y carne chisporroteando se percibe en cada rincón del pequeño local en el que trabaja Ricardo,* un joven venezolano de 28 años que llegó a Bogotá en 2019. Ricardo acomoda las pinzas junto a la parrilla, revisa que las brasas estén parejas y limpia con un paño la mesa de trabajo. Lo hace con la precisión de quien aprendió desde adolescente a ganarse la vida entre hornos y bandejas de pan.
«En Venezuela no había materia prima. Imagínate, de sesenta sacos de harina al mes nos quedamos con uno solo. ¿Qué haces con eso? Nada», dice, mientras coloca un trozo de costilla sobre la parrilla. Antes de emigrar, Ricardo manejaba una panadería en el estado Aragua. El negocio era suyo, pero el desabastecimiento lo asfixió. Sin trigo, sin gas constante y con los precios cambiando cada día, llegó el momento de cerrar.
Ricardo mantuvo el local abierto el mayor tiempo posible, buscando soluciones, esperando que la situación mejorara... Pero cada semana veía cómo los trabajadores y sus amigos se marchaban: «Uno me decía “me voy pa’ Colombia”, otro que pa’ Chile, otro que pa’ Perú. Me quedaba sin personal». En 2019, con las estanterías vacías y la clientela menguando, entendió que no podía más.
Viajó solo, dejando a su pareja en Venezuela con la promesa de buscarla al año siguiente. «Fue difícil. La familia de ella no estaba de acuerdo. Hasta la llevaron a otro estado para que se olvidara de mí», recuerda. Un año después, Ricardo le cumplió y, en plena pandemia, arregló todo para que su pareja llegara a Bogotá.
La migración venezolana en Colombia es la más numerosa de la región y, al mismo tiempo, la que más ha definido las políticas migratorias del país. De acuerdo con datos oficiales de Migración Colombia, más de 2.8 millones de venezolanos residían en el territorio colombiano en 2024, lo que convierte a Colombia en el principal receptor mundial de esta población. Se trata de un flujo que forma parte de los 7.7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas que han abandonado su país en los últimos años debido al agravamiento de la represión política y la crisis humanitaria; 6.5 millones de ellas se han reubicado en América Latina y el Caribe.
La magnitud del fenómeno obligó al Estado colombiano a diseñar mecanismos importantes, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) con el cual se podría obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT), el cual tiene una vigencia de 10 años con el objetivo que dichas personas transiten en ese tiempo al sistema ordinario migratorio. Para mayo de 2025, más de 1.9 millones de personas ya contaban con el PPT aprobado.
Estos instrumentos han sido reconocidos como un modelo humanitario en la región. Sin embargo, los resultados del estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas» coordinado por la Fundación 4Métrica advierten que no garantizan por sí solos una integración plena y documentan cierta regresión en los últimos años.
En el caso venezolano, la investigación revela cómo el cierre del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y las restricciones asociadas a los Permisos por Protección Temporal (PPT) han dejado a muchas personas en una situación de irregularidad sobrevenida. Varios testimonios dan cuenta de procesos truncos, documentos que nunca llegaron o inconsistencias entre bases de datos; lo que genera un efecto de exclusión múltiple, afectando el acceso a salud, educación y empleo.
Los trámites suelen demorarse, persisten fallas en la expedición de documentos y muchas empresas aún ponen obstáculos para formalizar contratos. «Con el documento ya me miran distinto, uno puede abrir una cuenta y hasta pensar en un contrato. Pero igual no es fácil: siempre falta algo, siempre hay una traba», dice Ricardo.
Para la profesora Nastassja Rojas Silva, investigadora a cargo del estudio en Colombia, «la regularización no es una condición suficiente, pero sí necesaria para garantizar la vida digna de las personas migrantes. Es el derecho que habilita otros derechos», señala.
En ese sentido, destaca que, en la práctica, aun cuando las personas se encuentran residiendo de forma regular, persisten obstáculos en el acceso a servicios financieros, vivienda y seguridad social. «El acceso al trabajo y la integración económica es una gran barrera, y esa integración pasa también por los servicios financieros. Muchas personas quedan al margen del sistema».
La investigación refiere que pese a contar con un marco normativo más favorable que otros colectivos, la mayoría de venezolanos en Colombia enfrenta condiciones laborales precarias. Muchos terminan en empleos de baja remuneración o en la informalidad, incluso con documentos en regla. Durante la pandemia, Ricardo se sostuvo gracias a la solidaridad de otros compatriotas. «Eso es lo que nos salva, la comunidad. Entre nosotros nos ayudamos», relató.
Las dificultades también atraviesan el acceso a vivienda y educación. En los barrios donde se concentra la población migrante, los arrendadores suelen exigir requisitos imposibles de cumplir: fiadores colombianos, contratos formales, ingresos estables… Ante ese panorama, miles de familias terminan en arriendos informales. «En los espacios de trabajo, educativos y de vivienda es muy difícil el acceso, porque se niega de manera sistemática», subraya Rojas.
Aun con esas dificultades, el impacto económico de la migración venezolana en Colombia ha sido positivo. Un estudio realizado en 2023 por Equilibrium Social Development Consulting (SDC), con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad-Adenauer (KAS), estimó que en 2022 la población venezolana aportó más de 529 000 000 USD a la recaudación fiscal. Del total, un 1.96 % correspondió a impuestos directos (incluidos aportes a pensiones y salud), y un 1.84 % a impuestos indirectos como IVA y consumo. Si se alcanzara el potencial de integración, la contribución podría superar los 804 000 000 USD anuales.
La población venezolana también supone un aporte significativo al bono demográfico: la mayoría son personas que están en edad productiva, entre 18 y 39 años, y un 51 % son mujeres. En 2022, casi el 96 % de los migrantes venezolanos en edad de trabajar estaba ocupado, principalmente, en el comercio minorista (15 %), los servicios de alimentos y bebidas (17.8 %) y la construcción.
Sin embargo, la mayoría lo hacía en condiciones de informalidad: un 73 % como trabajadores independientes y apenas un 27 % como empleados dependientes. En paralelo, surgió un incipiente tejido empresarial: más de 12 000 venezolanos tenían negocios propios, aunque solo una quinta parte estaba formalizada.
La presencia de esta población dinamiza el consumo interno y sostiene, con sus cotizaciones, parte del sistema de seguridad social. Sin embargo, el acceso sigue siendo desigual: en 2022, casi el 60 % no estaba afiliado a ningún seguro de salud, lo que demuestra que la regularización documental no elimina de inmediato las barreras de acceso, como también menciona Rojas Silva.
Ricardo lo sabe bien: su PPT le otorga cierta seguridad, pero no elimina la sensación de fragilidad. «Uno se levanta, trabaja, manda algo de dinero a la familia. Pero nunca se sabe si eso es suficiente para estar realmente bien aquí», dice, mientras reconoce que, si bien los migrantes venezolanos aportan a la economía del país, la integración plena sigue siendo una deuda pendiente.
El carro en el que viajaba Manuel* avanzaba lento en la madrugada por una trocha de tierra húmeda, en el estado Táchira, en Venezuela. Cuatro pasajeros iban apretados en el asiento trasero, mientras el conductor apagaba las luces cada vez que escuchaba ruido de motor a lo lejos. Habían dejado atrás varias alcabalas de la Guardia Nacional en la carretera hacia San Antonio del Táchira, pero aún faltaban «los controles más complicados», recuerda. «Si te paran, te revisan todo, te quitan la documentación y te devuelven a Cuba sin nada», prosigue.
Durante más de una década, Manuel había formado parte de la misión médica en Venezuela. Su llegada al país sudamericano se produjo cuando a los colaboradores todavía se «les garantizaba salario, alimentos y facilidades para comunicarse con la familia». Con los años, los beneficios se evaporaron. La reforma monetaria implementada por el Gobierno cubano en 2021 terminó por licuar sus ahorros: los 13 000 CUC (equivalentes al mismo monto en dólares) que guardaba en el banco, se convirtieron en 2 000 USD. «No había a quién reclamar», dice.
La decisión de abandonar la misión la tomó al cumplir 42 años. Sabía que cruzar por el Puente Internacional con el pasaporte oficial —un tipo de documento que identifica a los colaboradores y miembros de misiones oficiales cubanas en el extranjero— podría salirle caro. Manuel y sus compatriotas en Venezuela estaban al tanto de que en cada estado operaban asesores jurídicos de la misión, conectados con la Inteligencia cubana y la Guardia Nacional, listos para detener cualquier intento de fuga.
Por eso eligió la trocha y el riesgo de la extorsión. No quería volver a someterse a un sistema que, según organismos como Human Rights Watch, reproduce prácticas de esclavitud moderna: confiscación de pasaportes, prohibición de reunirse libremente, vigilancia constante y apropiación de hasta el 70 % de los salarios pagados por los países receptores. Por el camino, Manuel pensaba que si lo agarraban lo tratarían como desertor y perdería toda opción de ayudar a sus padres en Cuba, dos ancianos jubilados con muy pocos recursos para subsistir por sí mismos.
En la zona de Aguas Claras, uno de los pasos informales más usados para cruzar hacia Colombia, dos hombres uniformados detuvieron el vehículo. Iban vestidos con atuendo militar y portaban brazaletes con la bandera colombiana cosida en la manga y botas de caucho. «Nos pidieron 400 USD para dejarnos seguir. Si no, se quedaban con los papeles», contó Manuel.
Pagaron el monto y llegaron a Cúcuta, una ciudad colombiana situada justo en la frontera con Venezuela. Desde allí Manuel tomó un bus que durante dieciséis horas lo condujo hasta Bogotá. En el bolsillo llevaba un papel arrugado con una dirección escrita a mano. Al llegar a la terminal, lo entregó a un taxista que lo dejó frente a una vivienda en Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Lo recibió un cubano que alquilaba cuartos. A Manuel le tocó alojarse con ocho personas más. Juntos compartían dos habitaciones y un baño.
Colombia no era el destino final de Manuel. El plan consistía en volar a México con el pretexto de asistir a un congreso usando el pasaporte oficial. Aunque logró entrar a territorio mexicano, a Manuel lo clasificaron como posible «migrante» y lo devolvieron a Bogotá, con una medida que le impedía regresar durante seis meses.
Cuando Manuel llegó a Colombia en la primavera de 2024, el país se había consolidado como el principal receptor de migración en América Latina, y en particular, del éxodo venezolano. Sin embargo, la investigación de 4Métrica indica que la apertura de las autoridades colombianas a la migración ha sido selectiva.
Mientras la población venezolana contó con rutas de regularización bastante expeditas en los años finales de la pandemia, y se han ampliado los mecanismos para que accedan a algunos servicios básicos, la migración cubana no ha corrido con igual suerte. Así lo explica Rojas Silva, encargada del estudio en Colombia: el sistema colombiano asigna condiciones de acogida desiguales según la nacionalidad, ponderando esta más que la vulnerabilidad.
Parte de esa diferencia radica en que la población cubana es significativamente menor en términos numéricos y no existe certeza de cuántos residen actualmente en el país. El último Censo Nacional de 2018 registraba 4 383 personas, una cifra desactualizada que no refleja el éxodo posterior al estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), agudizado por la crisis económica y represiva en la isla. Entre 2021 y 2024 salieron de Cuba más de 1.5 millones de personas; una parte de ese flujo —especialmente los colaboradores de brigadas médicas— ha salido por Venezuela y desde allí han cruzado hacia Colombia por pasos fronterizos irregulares, muchas veces con la idea de continuar al norte para llegar a México o a Estados Unidos.
Según datos oficiales de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, entre 2012 y 2025 ingresaron de forma registrada más de 85 000 cubanos. Aunque lo más probable es que las intenciones oficiales con las que entraron correspondan a estadías temporales —dado que Colombia no figura entre los principales destinos migratorios de los cubanos—, el agravamiento de la crisis en la isla y las dificultades para continuar hacia el norte pueden haber influido en que algunos optaran por quedarse. La cifra supone otro indicio de que la presencia cubana en Colombia ha crecido en los últimos años.
La llegada a Bogotá le confirmó a Manuel esa sensación de limbo en el que se encuentra la comunidad cubana. En la casa donde se instaló, apenas había espacio para dormir y pronto descubrió que sin papeles formales no podía arrendar un cuarto por contrato, a lo que se sumaba que en los anuncios de vivienda era común leer el requisito de «cero extranjeros».
La responsable del estudio en Colombia, lo resume de la siguiente forma: «Es muy difícil acceder a los alquileres en Colombia. Muchas personas terminan viviendo donde pueden, con dificultades para el acceso a servicios básicos». Además, alerta sobre la xenofobia creciente y la legitimación de los discursos de odio en los espacios públicos, incluidos los medios de comunicación.
El refugio político figuró como la única vía de regularización que le quedó a Manuel, consciente de que el proceso podía tardar años y mientras tanto no tendría permiso para trabajar. «Agradezco que me dejen quedarme, pero si no puedo trabajar formalmente, ¿cómo pago el arriendo o la comida?», se pregunta.
Sin opciones de obtener una residencia legal en el corto plazo Manuel está fuera del sistema. No puede acceder de forma plena a servicios financieros ni a la salud pública. En ese sentido, Rojas apunta que el primer derecho vulnerado de las personas migrantes en la situación de Manuel es el de la regularización: «La regularización no es una condición suficiente, pero sí necesaria para garantizar la vida digna de las personas migrantes. Es el derecho que habilita otros derechos».
Las personas cubanas entrevistadas reportan dificultades sistemáticas para acceder al estatus de refugiado o a una visa, pese a contar con argumentos sólidos para solicitar protección internacional. Una mujer cubana cuenta: «Yo llevé todo lo que pedían, pero igual me lo negaron. No sabes qué criterio usan. Te dicen que puedes apelar, pero nunca contestan».
Según los testimonios recogidos por esta investigación, la mayoría de cubanos en Colombia se desempeñan en la informalidad, incluso cuando cuentan con alta calificación profesional. Médicos, fisioterapeutas, enfermeros o maestros terminan en oficios precarios, con trabas para homologar sus títulos y conseguir empleos en el sector formal. La brecha entre formación y oportunidades laborales genera frustración y desgaste psicológico.
«He tenido ofertas buenas, pero en cuanto preguntan por papeles se acaba todo», relata Manuel, que sobrevive ofreciendo terapias de rehabilitación a domicilio cobradas en efectivo. Cuando tiene delante a un potencial cliente hace cuentas rápidas, arma paquetes de sesiones de fisioterapia con descuentos para lograr que le paguen por adelantado. Otro compatriota suyo, formado como electricista en Cuba, alega: «Nadie te contrata si no tienes visa. Y si tienes visa, igual te dicen que no vale, que mejor buscan un colombiano. Entonces trabajas al día, sin contrato».
En barrios periféricos de Bogotá, Medellín o Barranquilla, muchos cubanos como Manuel comparten habitaciones pequeñas en casas subdivididas y sin contratos escritos, lo que los deja en condiciones de alta precariedad. Una migrante entrevistada describió su pieza como «una habitación sin ventanas, con filtraciones, pero lo único que podía pagar sin papeles».
Rojas destaca también que las personas migrantes irregulares llegan con necesidades urgentes, sin recursos materiales ni económicos y, en la mayoría de los casos, «carecen de los documentos para la regularización migratoria», lo que se convierte en un círculo de vulnerabilidad del que es muy difícil salir. Manuel lo resume así: «Aquí camino tranquilo, no siento que me vigilan como en Venezuela, pero tampoco puedo hacer planes. Es como estar siempre a prueba».
Migración en Colombia: entre fronteras y derechos
Nastassja Rojas Silva
La investigadora Nastassja Rojas Silva analiza los principales desafíos de la migración cubana y venezolana en Colombia: desde la llegada por pasos fronterizos con altos niveles de inseguridad hasta el acceso a derechos básicos y procesos de regularización.
Manuel no sabía casi nada de Colombia antes de llegar. Conocía de Bogotá, Medellín o Barranquilla como nombres en un mapa, y poco más. Su referencia más clara sobre el país eran los partidos de fútbol y algunos eventos deportivos internacionales que había seguido por televisión. Hoy comparte una habitación en el sur de la capital con su esposa —que también desertó de la misión médica―. «Hay que ser emigrante pa’ saber qué cosa es ser emigrante», reflexiona.
Su experiencia resume la paradoja cubana: profesionales altamente capacitados obligados a moverse en la sombra. Agradece la hospitalidad, pero insiste en que podrían existir apoyos mínimos: «Tendría que haber aunque sea un bono alimentario. Son cosas que se pueden mejorar. No lo veo como una exigencia, porque al final yo no puedo tener derechos acá si no soy ciudadano. Pero sí se podría».
Ricardo, en cambio, encontró un margen de estabilidad con el Permiso por Protección Temporal. Dejó la parrilla en la que trabajaba y hoy es el encargado de una panadería en el sur de Bogotá. Lo dice con orgullo: a sus 28 años ha pasado de empleado a mano derecha de la dueña, aunque aspira a abrir un negocio propio, como aquel que tuvo que cerrar en Aragua.
SOBRE SU EXPERIENCIA EN COLOMBIA?
«Mi sueño es montar mi propio negocio, porque venir de Venezuela de dueño y aquí ser empleado no es lo mismo. Pero claro, toca ser agradecido, y yo a la jefa me la gané por todos lados. Hasta pienso que más adelante podemos ser socios». En Venezuela ya compró un terreno, porque tampoco descarta volver si las cosas cambian: «Si mi país se recupera, yo me regreso, porque ya tengo mi maquinaria y tengo todo para montar un negocio».
Sus relatos ilustran las tensiones que recoge la investigación: la percepción de libertad y oportunidades que ofrece Colombia frente a la precariedad que marca la vida cotidiana de quienes carecen de documentos o redes de apoyo. La mayoría de las personas entrevistadas describió un balance positivo respecto al acceso a servicios básicos o al empleo informal, pero matizado por la inestabilidad y la vulnerabilidad. Migrar, en palabras de Manuel, «es como nacer siendo adulto»: implica aprender de golpe a valerse por sí mismo en un lugar extraño, lidiar con la incertidumbre y, muchas veces, con la xenofobia.
La propuesta de los expertos es clara: Colombia necesita pasar de respuestas de emergencia a políticas de integración sostenibles, que reconozcan la diversidad de perfiles migratorios y sus aportes al desarrollo nacional. Lo anterior implica garantizar igualdad en el acceso a vivienda, salud, empleo y servicios financieros; fortalecer un sistema de refugio hoy debilitado; y diseñar políticas de integración que no dependan de la nacionalidad. Como señaló Nastassja Rojas: «lo que viene buscando la gente es poder trabajar e insertarse. Hay que ir más allá de políticas de atención humanitaria a la emergencia y pensar en la integración a mediano y largo plazo».
